Caso Gürtel
La trama está encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán da nombre al caso.
El caso fue instruido inicialmente por el juez de la Audiencia
Nacional de España, Baltasar Garzón, hasta que fue separado del caso tras haber sido
condenado a 11 años de inhabilitación profesional,
por su implicación en el caso.
Inicios de la
Trama
Más adelante, Ana Garrido Ramos, Técnico del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
presenta una denuncia donde aporta un informe cuyo contenido refleja que el
patrimonio del entonces alcalde del Ayuntamiento de ese pueblo , Arturo
González Panero, era infinitamente superior a sus ingresos como Alcalde; por lo
tanto muestra una relación con la trama
Gürtel.
La trama está encabezada por un cuarteto
integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres
de confianza: Álvaro Pérez apodado "El
Bigotes", Pablo
Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo tenían acuerdos de negocios con objeto de apropiarse de fondos de entidades públicas, sobre todo de ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, y para saltarse las
prohibiciones legales en asuntos urbanísticos y medioambientales que habrían
afectado a sus negocios inmobiliarios.
El método más habitual para obtener sus
ventajas y beneficios era la utilización de regalos con fines de beneficio
propio y sobornos a funcionarios y
autoridades públicas.
José Luis Izquierdo López, empleado de
confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, mostró a los jueces los fondos
conseguidos, supuestamente relacionado con este asunto, la llamada "caja
B". En la documentación figuran los nombres de Alejandro
Agag , Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo
Galeote, L.B., Ricardo
Galeote, Benjamín Martín, Ginés
López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo
Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martínez. Francisco Correa figuraba en la documentación
bajo un nombre falso. Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP;
sin embargo, no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular
como persona jurídica.
Tras el levantamiento del secreto del proceso
en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, se conocen indicios de posible financiación
irregular del Partido Popular de la
Comunidad de Madrid, Partido Popular de la
Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de
Castilla y León y del Partido
Popular nacional.
EMPRESAS
IMPLICADAS
·
Special
Events.
·
Pasadena
Viajes, S.L.
·
Easy
Concept.
·
Good and
Better, S.L.
·
Orange
Market.
En la Comunidad de Madrid
Ante las imputaciones dimitieron tres cargos
del PP de Madrid que presuntamente recibieron pagos ilegales a cambio de
contrataciones entre 2006 y 2007:, Alberto López Viejo; y, Arturo González Panero.
Posteriormente, dieron a conocer datos sobre
las investigaciones de Garzón revelando que López Viejo sugería a Francisco Correa dividir los contratos
de servicios sellados con la Comunidad
de Madrid (muchos sin respaldo presupuestario ni la tramitación legal
requerida) para presentarlos a través de terceras empresas, evitando así que
fueran descubiertos.
Luis
Bárcenas, Gerardo
Galeote y Jesús Merino Delgado, fueron imputados por
su participación en la trama Gürtel. A Bárcenas se le relacionaba además en el
caso de espionaje a miembros del PP en Madrid.
Aparecerían nuevos nombres como el de Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor Juan Carlos Clemente
Aguado, a Santiago Lago Borstein y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns y Enrique Ruiz
de la Fuente.
En la
Comunidad Valenciana
Según afirmó el propio juez Baltasar
Garzón,
el presidente de la Generalidad
Valenciana, Francisco
Camps y otros altos cargos del Partido Popular de la
Comunidad Valenciana habrían concedido
donaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes,
chaquetas, pantalones, etc. Personas que estaban implicada en estos sobornos
fueron: Pablo Crespo, Ricardo Costa,
José Víctor Campos y Rafael Betoret.
También fue imputado el
empresario Álvaro Pérez, aunque no
se encontraros indicios suficientes para demostrar la relación con los sobornos.
En Galicia
El ex secretario general de organización del
Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo,
fue uno de los imputados
La Junta
de Galicia,
presidida por Manuel
Fraga autorizó en abril de 2005 la
construcción de la cementera de Coirós, denominada Gallega de Molienda de Clinker
y presidida por Ramón
Blanco,
citado a declarar por Baltasar Garzón y antiguo socio de Pablo Crespo.
Una red de unas 20 compañías con sede en
Galicia, lideradas por Ramón Cerdá Sanjuán, está imputado también en el caso.
Juan Casares y José Enrique Sotelo, fueron acusados de formar parte de la
trama, por supuestamente tener
certificados de unos parquímetros inexistentes en la villa de Cangas. Sotelo
fue absuelto.
Según
un informe policial mas del 52% de los gastos derivados del PP de Galicia en
las cuentas de las empresas relacionadas con el caso Gürtel fue pactado en
dinero negro entre los años 1996 y 1999, siendo por entonces Pablo Crespo el
secretario de organización del partido.
Importes implicados
El juez del caso fijó la fianza por
responsabilidad civil de Francisco Correa y otros complices en
201,4 millones de euros en total.
Consecuencias
Dimisión o cese de cargos públicos por su
vinculación con el caso:
·
Alberto
López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Febrero de 2009.
·
Arturo
González Panero, alcalde de Boadilla del Monte. Febrero de 2009.
·
Ginés
López, alcalde de Arganda del Rey. Marzo de 2009.
·
Jesús
Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón. Marzo de 2009.
·
Ricardo
Galeote, concejal de Estepona. Mayo de 2009.
·
José
María Michavila, diputado del Congreso. Agosto de 2009.
·
Gerardo
Galeote, eurodiputado. Julio de 2009.
·
Ricardo
Costa, diputado en las Cortes Valencianas. Octubre de 2009.
·
Luis
Bárcenas, senador. Abril de 2010.
·
Jesús
Merino Delgado, senador. Abril de 2010.
Dimisión o cese de cargos en empresas
públicas:
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